En el contexto de las afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y la estabilización de Venezuela, la figura de Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ahora presidenta encargada, ha cobrado relevancia con matices contradictorios. Mientras Trump la presentó como una aliada clave para combatir la crisis venezolana, registros obtenidos por fuentes oficiales y funcionarios estadounidenses revelan que Rodríguez ha sido objeto de vigilancia e investigación por parte de la DEA durante varios años.
Los documentos oficiales datan al menos desde 2018, cuando la DEA inició un seguimiento detallado de su entorno cercano y de acusaciones que incluyen tráfico de drogas y contrabando de oro. En 2022, Rodríguez fue catalogada como un "objetivo prioritario", una categoría que la agencia reserva para individuos cuya actividad se considera de alto impacto en operaciones de narcotráfico. Se menciona específicamente que un informante confidencial informó en 2021 que Rodríguez gestionaba hoteles en la Isla Margarita para actividades de lavado de dinero, según los registros revisados.
Además, ha existido un vínculo investigativo entre Rodríguez y Alex Saab, presunto intermediario de Maduro, quien fue arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero, vinculaciones que continúan siendo objeto de investigación por parte de la DEA.
El gobierno estadounidense, sin embargo, no ha presentado acusaciones formales contra Rodríguez y, notablemente, dentro del círculo íntimo de Maduro, ella no figura entre los funcionarios acusados públicamente por narcotráfico, aunque sí está bajo investigación en múltiples expedientes que abarcan desde Paraguay y Ecuador hasta Estados Unidos, incluyendo Phoenix y Nueva York.
Fuentes consultadas, que revisaron los documentos bajo condición de anonimato, refieren que la DEA mantuvo un interés sostenido en Rodríguez desde su nombramiento como vicepresidenta en 2018. No se especifica en los registros la razón precisa por la cual Rodríguez fue elevada a la categoría de objetivo prioritario, pero esta designación suele implicar una inversión significativa de recursos y requiere una sólida justificación dentro de la agencia.
Expertos legales señalan que ser un objetivo prioritario no implica necesariamente la existencia de cargos o evidencia suficiente para una acusación penal, aunque sí indica un alto nivel de atención por parte de las autoridades.
La Fiscalía estadounidense y el Ministerio venezolano de Comunicación no han emitido comentarios oficiales al respecto, y la Casa Blanca ha remitido declaraciones anteriores del expresidente Trump, quien celebró la conversación mantenida con Rodríguez y expresó elogios hacia ella, coincidiendo con la visita de esta al director de la CIA en Caracas.
A pesar del reconocimiento público de Trump hacia Rodríguez, investigaciones y análisis de expertos en crimen organizado subrayan que el sistema político venezolano se caracteriza por ser una mezcla de régimen y actividades criminales, en el que la consolidación del poder está ligada a la facilitación de actividades ilícitas.
En este sentido, la figura de Rodríguez es vista como representante de un sistema profundamente arraigado en corrupción y prácticas ilegales que dificultan la reforma y estabilización política y económica del país. La oposición venezolana también ha señalado que Estados Unidos posee información suficiente para comprender el perfil de Rodríguez en este contexto.
Rodríguez, que alcanzó cargos máximos bajo Maduro, tiene una trayectoria política marcada por lealtad al régimen y esfuerzos para atraer inversiones, incluso del propio gobierno de Estados Unidos, durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, fue sancionada por la Casa Blanca y la Unión Europea debido a su papel en el mantenimiento del control autoritario en Venezuela.
Expertos en inteligencia e investigaciones especializadas comentan que su participación en la compleja estructura del gobierno venezolano implica una conexión con episodios de narcotráfico y corrupción de alto nivel. Los registros de la DEA muestran además que su investigación ha involucrado frecuentemente a la División de Operaciones Especiales de la agencia, que ha trabajado en casos contra Maduro.
Se añade en las investigaciones la posible vinculación de Rodríguez con contratos gubernamentales adjudicados a aliados de Maduro y con acuerdos potencialmente irregulares relacionados con personas cercanas a ella, todo en un marco de investigaciones activas que continúan aún tras indultos presidenciales realizados en EE.UU.
Geopolíticamente, la Isla Margarita ha sido un punto estratégico para tráfico de drogas desde hace años, con antecedentes de presencia de narcotraficantes internacionales, y las sospechas sobre el uso de establecimientos hoteleros para lavado de dinero incrementan la preocupación sobre la infiltración del crimen organizado en actividades económicas formales.
Estas investigaciones y designaciones resaltan el entorno de corrupción estructural en Venezuela, clasificado como uno de los países más corruptos del mundo, y la tangible influencia que estos factores ejercen sobre la estabilidad política y económica, así como sobre las relaciones internacionales con Estados Unidos.
Para Rodríguez, el estatus de objetivo prioritario representa un desafío constante, ya que implica la posibilidad de acciones legales estadounidenses si no coopera con las exigencias políticas relacionadas con el acceso de Estados Unidos a los recursos petroleros y naturales del país, lo que mantiene una presión latente sobre su liderazgo.
Académicos especializados en Venezuela destacan que la larga permanencia en un régimen marcado por corrupción hace que Rodríguez sea un blanco lógico para investigaciones y una herramienta de presión que subraya la influencia de Estados Unidos en la dinámica política venezolana.
En conclusión, la trayectoria de Delcy Rodríguez como líder venezolana está envuelta en una red compleja de investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, sin acusaciones formales, pero con un perfil que refleja las dificultades de gobernabilidad y la influencia del crimen organizado dentro del Estado venezolano, así como las tensiones en la política internacional que rodean la gestión de sus recursos naturales.