En Ginebra, Estados Unidos hizo un anuncio relevante el lunes al comprometer 2.000 millones de dólares destinados a la ayuda humanitaria gestionada por Naciones Unidas. Este monto representa un cambio notorio en comparación con cifras históricas de contribuciones estadounidenses, pues el gobierno del presidente Donald Trump ha enfocado sus políticas en recortar la asistencia exterior y ha emitido un claro mensaje a las agencias de la ONU: deben “adaptarse, reducirse o morir” frente a un panorama financiero diferente.
Esta cifra, aunque modesta frente a los aportes pasados, fue definida por el gobierno estadounidense como generosa para mantener la posición de Estados Unidos como el mayor donante mundial en materia humanitaria. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó en sus redes sociales que este nuevo esquema compartirá la carga del trabajo humanitario con otras naciones desarrolladas, a la vez que impulsará a la ONU a eliminar gastos superfluos, redundancias y a implementar mecanismos innovadores para mejorar la eficacia, la rendición de cuentas y el impacto de la asistencia.
El compromiso establece un fondo global desde el que se asignarán recursos a diversas agencias y prioridades particulares dentro de Naciones Unidas, una demanda clave de la Casa Blanca en su exigencia de transformaciones profundas en el organismo. Estas demandas han generado inquietud en el sector humanitario y ocasionado recortes severos en programas y servicios.
Para dimensionar, los 2.000 millones representan solo una fracción de la asistencia humanitaria tradicional estadounidense respaldada por la ONU, que ha alcanzado hasta 17.000 millones anuales en años recientes, según datos de Naciones Unidas. Se estima que solo entre 8.000 y 10.000 millones provienen de contribuciones voluntarias, mientras que Washington también aporta miles de millones en cuotas obligatorias relacionadas con su membresía en Naciones Unidas.
Jeremy Lewin, responsable de la asistencia extranjera en el Departamento de Estado, manifestó en conferencia de prensa en Ginebra que no habrá financiación abierta para organizaciones que pretendan continuar con estructuras tradicionales, subrayando que el presidente Trump ha declarado que ese sistema se encuentra obsoleto.
El Departamento de Estado enfatizó que las distintas agencias de Naciones Unidas deberán ajustarse, reducir su tamaño o enfrentar la posibilidad de desaparecer. Críticos alertan que los recortes occidentales resultan contraproducentes al aumentar el sufrimiento de millones por hambre, desplazamientos y enfermedades, afectando asimismo la influencia blanda de Estados Unidos globalmente.
El anuncio surge en un contexto de crisis para varias entidades del sistema ONU, incluidas agencias para refugiados, migrantes y asistencia alimentaria, las cuales han visto grandes recortes por los recortes de Estados Unidos y otros donantes occidentales, traduciéndose en reducción de proyectos y puestos de trabajo. El compromiso estadounidense, destinado a respaldar a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) liderada por Tom Fletcher, se perfila como un acuerdo preliminar.
Fletcher, que ha trabajado intensamente para evitar la retirada total del apoyo estadounidense, se mostró optimista y destacó que la contribución es un paso importante, contrario a la posibilidad de no obtener fondos. Recalcó que pese a las limitaciones, el enfoque debe estar en las vidas que esta ayuda logrará salvar y mejorar.
La necesidad humanitaria global se acrecienta, con hambrunas reportadas en Sudán y Gaza, conflictos armados prolongados y desastres naturales relacionados con el cambio climático que agravan la crisis humanitaria, desplazando a miles y causando numerosas muertes.
Estos recortes afectan considerablemente a agencias hermanas de la ONU, como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa Mundial de Alimentos y ACNUR, que han experimentado reducciones multimillonarias en fondos de Estados Unidos respecto a asignaciones previas. La propuesta actual busca canalizar las contribuciones a través de la oficina de Fletcher para mejorar la eficiencia, desplazando el modelo previo de dispersión directa a múltiples solicitudes individuales.
Preguntado sobre la dura postura estadounidense, Fletcher señaló que ante la opción de adaptarse o desaparecer, él eligió adaptarse.
Según funcionarios estadounidenses, esta contribución inicial de 2.000 millones forma el primer pago para financiar la demanda anual de donaciones hecha por OCHA. Fletcher ha ajustado a la baja la solicitud de fondos dada la situación actual. El compromiso refleja además un contexto internacional donde otros donantes tradicionales, incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, también recortan asignaciones y presionan por reformas.
El plan central de reforma intenta establecer fondos comunes para financiar crisis específicas o países con necesidades críticas, comenzando con 17 países, entre ellos Bangladesh, Congo, Haití, Siria y Ucrania. Destacan las ausencias de Afganistán y Yemen, excluidos dadas preocupaciones sobre desvío de ayuda a actores como talibanes y hutíes, así como los territorios palestinos, para quienes se prevé apoyo derivado del plan de paz de Trump para Gaza.
Este proyecto refleja la visión de la administración Trump sobre la ONU, señalando que pese a su potencial el organismo ha fallado en concentrarse en su mandato de salvar vidas, en cambio distrayendo recursos en ideologías radicales y un gasto poco controlado.
Jeremy Lewin concluyó resaltando que nadie desea depender de ayuda o vivir en campamentos temporales, y que la mejor manera de reducir costes es acabar con los conflictos armados, permitiendo que las comunidades retornen a la paz y prosperidad.